La Crisis internacional de 2008 acabó con el interés institucional en mantener un sistema financiero privado. Desde entonces se van limitando los privilegios al sistema financiero. En 2010 los bancos centrales (públicos) empezaron a comprar deuda pública y deuda corporativa (grandes empresas), como primer paso en la inevitable sustitución del sistema financiero privado por uno público (igual que se está sustituyendo la riqueza de los empresarios por la riqueza de los funcionarios públicos y el sector social privado por un sector social público).

Se dice que durante las revoluciones industriales el capital fue el principal factor de producción, por lo que se dice que había una economía capitalista, incluso algunos afirman que seguimos en un sistema capitalista.

Estos hitos económicos son bien conocidos en su mayoría; sin embargo, hay otros hitos de gran calado que son desconocidos incluso por la mayoría de los economistas.

En 2018, Naciones Unidas hace público que la corrupción sustrae el 5% del PIB mundial y que en todos los países del mundo hay corrupción. Ese mismo año, la Unión Europea, mediante la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), publica la corrupción por país que totaliza un 4,8% del PIB de la UE. Sin duda, la ONU y la UE acordaron que la UE tuviera menos corrupción que el resto del mundo. Según Eurostat España casi alcanzaba un 8% de PIB. Cualquier que conozca el funcionamiento de Alemania o Francia, por citar las dos mayores economías, sabe que la corrupción es mucho mayor de lo que afirma la UE.

Estas cifras hacen que la corrupción sea la actividad económica más rentable. La mayoría de la corrupción es institucional y el macro-Estado ha superado a la economía privada (personas y empresas) en la Unión Europea. Estos tres factores eliminan la posibilidad de establecer que estamos en una economía de mercado y más aún que la economía es capitalista.

Algunos perspicaces economistas hablan de las empresas del BOE, es decir, las que sólo ofertan y facturan al macro-Estado.

Desde 2010 varios de estos países ricos han estado aumentando la deuda pública por efecto directo y principal de la corrupción. En la Eurozona, las economías que superaban el 90% del PIB de deuda pública (1,5 veces el máximo permitido), representaban más del 50% del PIB.

En 2021 el gasto público en Estados Unidos superó el 43% del PIB y en Japón casi alcanza el 43%, a pesar de la disminución de un 8,27%.

Por todo lo antedicho, en los países ricos y en la Unión Europea la economía está mucho más próxima al comunismo (economía de planificación centralizada) que al capitalismo y, desde luego, no tienen economías de mercado.

Existen numerosos tratados sobre el capital, como factor principal de producción del capitalismo, pero por el contrario, hasta hace poco no había ningún trabajo serio y completo sobre la corrupción que es el principal factor de producción en los macro-estados de la Unión Europea y de Occidente. Tampoco se conocen las leyes y documentos sobre la corrupción; además, los denunciantes de corrupción son silenciados por los juzgados, por los medios y por los políticos.

Los efectos de la corrupción son mucho mayores que los efectos de la inversión de capital, descontando las pequeñas inversiones de los pequeños empresarios. Los perjuicios económicos de la corrupción son muy superiores a los beneficios de las inversiones de capital.

En definitiva, estamos en la economía del macro-Estado, en la economía de amigos, en la economía del BOE, en la economía de la corrupción. Por eso la economía está en decadencia y está anunciado un colapso que todavía no ha llegado, por la ingeniería financiera que están haciendo los bancos centrales, oxigenando la economía mediante el endeudamiento de varias generaciones venideras.

Las desastrosas consecuencias económicas de las injustificables medidas políticas, han acelerado la decadencia y acercado el colapso. Una vez más, se ha tomado la decisión de atrasar el colapso haciéndolo más profundo en el futuro, pero esta vez, como dicen en la Unión Europea: con medidas sin precedentes por la dimensión económica. Lógicamente me refiero a los fondos europeos de Nueva Generación (Next Generation UE), que es el remate para colapsar las economías europeas.

Son los propios funcionarios europeos de la Comisión Europea y en el Parlamento Europeo los que están hablando sobre un inminente colapso que llevaría a la desintegración de la Unión Europea, como ya sucedió en la URSS en 1989.

En este escenario, la lucha contra la corrupción pasa a ser esencial y así lo empezó a entender en 2017 la Unión Europea. En la cumbre anual del Parlamento Europeo en enero de 2023, la corrupción ha sido un tema central, llegando la europarlamentaria y anterior Embajadora de Hungría en España y un eurodiputado portugués a pedir que se declare que España tiene graves deficiencias en su Estado de Derecho, con base en una serie de corrupciones concretas.

Previamente, el 25 de noviembre de 2022, la Comisión Europea había admitido a trámite una denuncia contra los gobiernos de Pedro Sánchez ((2018-2022), que se está tramitando en la Unidad económica F3 (España y Croacia), registrada como Ares(2022)8174536. Este es un hecho inédito en la Comisión Europea.

El 27 de enero de 2023 se remite una denuncia ampliatoria, solicitando que también se tramite por vulneración de derechos fundamentales por disfunción del Estado de Derecho. La Comisión Europea descolocada por el contenido de ambas denuncias y por la petición, también de forma inédita concede el pedimento, tramitando las denuncias en la Unidad C.1: Política de Justicia y Estado de Derecho, registrada como Ares(2023)1525948. En esta denuncia ampliatoria se denuncia el nombramiento de varios ministros por incumplir las normas españolas y se incluyen los textos de las mismas. También se denuncian nombramientos en el Tribunal Constitucional y en otras instituciones.

Por si fuera poco, el 15 de abril de 2023, se remite otra ampliatoria, denunciando a Sánchez y a Rajoy, así como dos Ministros y dos Secretarios de Estado de cada uno. También se denuncia a más altos cargos de Sanidad (nacional y autonómica), AEAT, Seguridad Social, Servicios Sociales, INE, CIS, etc. También se denuncia una corrupción judicial sistémica, con más de 30 procedimientos penales contra denunciantes de corrupción, abogados y periodistas, así como la corrupción en varias abstenciones y recusaciones de jueces. Se denuncian nueve procedimientos penales concretos del Tribunal Supremo donde no se cumplió la ley.

Todas las denuncias se remitieron por un mensaje de correo electrónico con destino a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y a la Secretaría general de la Comisión Europea, de forma que ambos supieran que también se denunciaba en el otro organismo público.

Sin duda, nunca se había realizado un conjunto de denuncias tan completo, nunca se había descrito la corrupción española con tanto detalle y nunca se había descrito como la corrupción había casi alcanzado el 8% del PIB.

Estas denuncias fueron redactadas por el escritor de este artículo que es reconocido en España, en varios países europeos, en el Consejo de Europa y en la Unión Europea, como uno de los mayores expertos en corrupción. Véase las denuncias, la página www.stopjudicialcorruption.org o siga leyendo porque ahora viene lo mejor.

Las denuncias se remiten desde la alianza Denunciantes del Autoritarismo Judicial, formada por un movimiento social y cuatro asociaciones de denunciantes de corrupción, de defensa de los derechos humanos o de las víctimas institucionales.

Desde 2022, Miguel Bernad de Manos Limpias, Javier Marzal, redactor de las denuncias,  y otros aliados, están trabajando para acabar con la corrupción institucional sistémica. Había consenso en que en España no se puede resolver el problema y que la solución pasa por Europa (Consejo de Europa y Unión Europea). La financiación europea está condicionada al funcionamiento del Estado de Derecho y la Fiscalía Europea persigue los delitos que perjudiquen los intereses financieros de la UE. Es evidente que los países más avanzados económicamente no van a permitir que la corrupción de los países altamente endeudados colapse la economía de la Eurozona y de la Unión Europea, ni que les empobrezca de una forma importante.

Por otro lado y como se ha referido, las grandes ONLs (Amnistía, Transparencia, etc.) y las instituciones internacionales no tienen fuentes confiables de expertos en corrupción ni en la corrupción española. Hace años el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa pidió a Javier Marzal que le diera información de asociaciones por toda Europa que trabajaran contra la corrupción y éste le remitió a la citada página del movimiento social STOP Corrupción Judicial.

En este contexto, Manos Limpias y la Alianza han decidido publicar un informe anual sobre el Estado de Derecho español, para influir en los informes de esas ONLs y de las organizaciones internacionales, con el objetivo de que la Unión Europea declare que existen graves deficiencias sistémicas en el Estado de Derecho español y trabajemos juntos para resolverlas.

El conjunto de denuncias, el informe sobre el Estado de Derecho y la colaboración con las instituciones internacionales, constituye un nuevo paradigma en la lucha contra la corrupción en España y en Europa, así como un cambio económico de gran envergadura.

Es probable que otros denunciantes de corrupción adopten este nuevo paradigma, tanto en España como en otros países donde ya se conoce este trabajo en España.

El 21 de abril de 2023, Javier Marzal cumplió 13 años denunciando corrupción institucional (metamafia) y lo ha conmemorado explicando el contenido de este artículo en el vídeo https://youtu.be/fNxEYAAnmHO.

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