Los estudios internacionales que comparan la facilidad para crear una empresa, sitúan a España por detrás de más de diez países teóricamente menos avanzados y entre los últimos lugares de la Unión Europa. Lo mismo podemos decir, en general, de cualquier tramitación administrativa.

Forma parte de la milenaria cultura española trabar la iniciativa privada. Recordemos que durante más de mil años, no existía la propiedad privada para impedir la iniciativa privada y frenar el progreso colectivo. Cabe destacar que España fue el único de los grandes países europeos que no tuvo Revolución Industrial ni prácticamente las revoluciones culturales, tecnológicas, científicas, económicas y sociales que originaron la Era industrial.

El entorno institucional español, al completo, intenta trabar cualquier iniciativa individual y colectiva, para conservar sus privilegios. La legislación, las administraciones públicas, el sistema financiero, los sindicatos y las patronales empresariales frenan todo tipo de iniciativas organizacionales con un sinfín de trámites innecesarios, a menudo repetidos en diferentes instancias, y retardos injustificados.

Para intentar ocultar este hecho, público y notorio, existen campañas publicitarias y ayudas a la emprendeduría empresarial, pero después, a la hora de tramitarlas, el emprendedor se encuentra con un sinfín de trabas ilógicas que están diseñadas para que desista. De hecho la mayoría de las ayudas europeas no se cubren, año tras año, por las trabas de las administraciones públicas españolas.

Recientemente he tramitado la constitución de una organización no lucrativa (ONL) del sector social. Me he encontrado con websites que no funcionan o que no permiten todas las opciones. Concretamente en la Agencia Tributaria del Ministerio de Hacienda, a la hora de tramitar la declaración censal del 036 para solicitar el CIF que permita realizar operaciones económicas, me encontré que ya no puede descargarse el impreso, sino que hay que rellenarlo on line. El documento explicativo es incomprensible y está incompleto, como me reconoció la funcionaria que después la tramitó.

Por este motivo, descargué de la página oficial de una Comunidad Autónoma el impreso para rellenarlo fuera de línea. Para ello tuve que consultar numerosas fuentes oficiales adicionales.

Pues bien, cuando fui a la Agencia Tributaria con toda la documentación, me atendió el típico funcionario español que sólo ver el impreso dijo que era antiguo y no valía, a pesar de que la información válida, en este caso, era la misma. Le pregunté cómo podía solucionarlo, me dijo que rellenándolo en Internet. Como es habitual los funcionarios españoles te informan sobre lo que ya sabes. Entonces le informé que vivía a cien kilómetros y que no podía volver otro día, no sólo se encogió de hombros sino que esbozó una sonrisa que expresaba la satisfacción de haberse sentido poderoso por causarme un trastorno importante. Precisamente esta bajeza moral y humana es típica de los funcionarios públicos españoles.

Le pregunté si vendían, como antes, el formulario en papel para rellenarlo y me informó que no. Por lo que nos fuimos a un Workcenter para hacerlo por Internet, pero no funcionaba por las limitaciones impuestas en sus ordenadores por sus sistemas de seguridad. Al final, las dos personas que estábamos realizando el trámite nos quedamos a dormir.

Al día siguiente volvimos, afortunadamente no estaba el funcionario anterior y tuvimos la suerte de encontrarnos con una funcionaria amable que nos informó que habíamos rellenado mal el impreso, reconociendo la dificultad de hacerlo. Apareció su jefe que, informado de nuestra situación, la autorizó para que rellenara ella el impreso y pudimos terminar el trámite, aunque la Agencia Tributaria no entrega ningún documento que lo acredite (opacidad black) sino que escribe a mano el CIF provisional.

Lógicamente, pusimos una queja contra el funcionario del día anterior que debía haber hecho lo mismo que esta funcionaria. Nos encontramos con dos problemas: 1) el formulario de queja no es autocopiativo como en los formularios de queja oficiales de las Comunidades Autónomas y 2) el funcionario se negó a hacer una fotocopia de la queja porque no tenía obligación legal, lo cual no es cierto, por lo que tuvimos que presentar otra queja contra este funcionario. La Agencia Tributaria es black.

Las trabas públicas a la iniciativa y la opacidad no son compatibles con la Nueva Conciencia, el Nuevo Orden Mundial (no conspirativo) y el Nuevo Management; es decir, con los modelos de la actual Era de la información, ni con el progreso colectivo y el bienestar individual.